(ARG)Procesan y ordenan la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa

Lo decidió Julián Ercolini en la causa por defraudación al Estado por no pagar a la AFIP unos $ 8 mil millones. También fue procesado Ricardo Echegaray.

El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar a la AFIP, durante el gobierno de Cristina Kirchner $ 8.000 millones, que correspondían al impuesto a los combustibles. Les dictó, además, un embargo por 17 mil millones de pesos. Por la misma causa, el magistrado también procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La maniobra se realizó a través de la empresa Oil Combustibles SA y según la Justicia, con dichos fondos, el empresario K “acrecentó su patrimonio de a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo”.

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La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) “no abonar en tiempo y forma” el ITC y el “uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo.

Asimismo, la denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado “fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades”.

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Ante tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos López, De Sousa, Echegaray y Ángel Toninelli, entre los principales y ordenó un inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo.

El fiscal del a causa, Gerardo Pollicita había planteado que desde la AFIP junto con los empresarios y sociedades sospechadas de tener vinculaciones personales y comerciales con el matrimonio presidencial” se orquestó una “maniobra fraudulenta en contra de las rentas de la Nación en sumas miles de veces millonarias, cuyos fondos obtenidos irregularmente habrían sido utilizados para la expansión del conglomerado societario de López y De Sousa”.

En la causa se planteó que la maniobra de la AFIP y López “se ejecutó al amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios”.

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Aunque son legales, sostiene la fiscalía federal número 11, “permitieron que la firma OIL no abonara el impuesto a los combustibles líquidos (en adelante ICL) ya recaudado y acumulara una deuda con el Fisco Nacional varias veces mayor a los bienes de uso y cambio de la petrolera”.

A la fecha, según la actual gestión del ente fiscal, la deuda de López asciende a más de 10.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios.

 

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