(arg) PROYECTO DE “LEY CORTA”: PIDEN APLAZAR POR 5 AÑOS LA CONVERGENCIA Y MAYOR REGULACION A LAS SEÑALES Y OTT’S

15-MAY/2018

El martes 8 se realizó la tercera reunión plenaria de senadores de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y Educación y Cultura; en la que se trató el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de TICS, conocida de forma coloquial como “Ley Corta”.

En esta ocasión asistieron representantes de: Cámara de Productores de TV (CAPIT), Supercanal S.A., Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), Asociación Teledifusoras Argentinas (ATA), Grupo América TV y Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL). La reunión fue presidida por el senador nacional Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y por la senadora nacional Marta Varela (Frente PRO Ciudad de Buenos Aires).

Antes de dar la palabra a los participantes, Luenzo estimó que “en 30 días se estará en condiciones de elaborar una síntesis que contenga las opiniones de la mayoría de los invitados a las deliberaciones para elaborar la mejor ley posible”.

Alejandro Borenstein, integrante de CAPIT, resaltó que en los años ’90 con la privatización de los canales, los productores “nos vimos obligados a convertirnos en empresas y la televisión comenzó a producirse desde afuera”. Después de señalar que los productores independientes argentinos se convirtieron en el “cuarto exportador mundial de formatos televisivos”, Borenstein destacó que una nueva ley debe contemplar “la identidad cultural y el federalismo, los ingresos de dólares que esto le genera al país y el hecho de que hoy la producción independiente es la principal fuente de trabajo para los miles de estudiantes que tiene la actividad”. En este punto consideró importante tener en cuenta la experiencia brasileña que obliga a las cadenas internacionales a incluir horas de producción nacional en las horas pico de transmisión. “Así se explica la existencia de muchas producciones brasileñas en cadenas como HBO”, afirmó.

CAPIT propone modificar el artículo 65 de la Ley 26.522 con la finalidad de obligar a las señales para TV paga y los servicios de video en línea (OTT) que incluyan contenidos de productoras independientes.

Finalizada la presentación del productor televisivo y de que el senador Luenzo recordara que el proyecto “sólo apunta a lo tecnológico”, el senador Romero señaló que “en breve el Congreso debe incluir la discusión de los contenidos televisivos”.

Por Supercanal habló Martín Armentano. El representante de la operadora de triple play resaltó que su grupo tiene una posición “crítica de la ley porque estamos a favor de una convergencia sin concentración”. Luego de recordar que “nuclean a 700 cableoperadores, 800 señales nacionales, 1000 productores independientes y que generan 25 mil puestos de trabajo”, sostuvo que en los últimos 2 años y medio “vemos una política que tiende a la concentración”.

Daniel Celentano representó a ATVC. Dijo que la TV por cable “va a necesitar los plazos que el mercado y la política le puedan dar para competir con los nuevos jugadores en igualdad de condiciones” ya que con “la actual disparidad, la televisión por cable va al desguace”.

Para el integrante del SATSAID, Gustavo Berlingeri, deberían establecerse “reglas asimétricas” para la competencia y que “la convergencia no debería realizarse en un plazo menor a 5 años ya que el daño irreparable que se enfrenta es el derecho a la comunicación de los argentinos”.

Matías Detry expuso por ATA. Sostuvo que el proyecto original “torna invisible la actividad de las televisoras locales”. En este punto, afirmó que de aprobarse la convergencia tal como contempla la iniciativa a partir del 1 de enero de 2019, “el crecimiento de la TV satelital puede ser proporcional al daño sufrido por la televisión local”.

Por su parte, el vicepresidente de ATA, Mariano Alonso, comenzó diciendo que “los canales del interior somos los más preocupados por la invisibilidad que nos puede generar esta ley. Pedimos estar en la góndola ya que detrás de un canal local hay un montón de instituciones locales y que curiosamente si los canales satelitales no nos incluyen en sus programaciones, la gente más vulnerable, aquella donde no llega el cable pero si hay antenas parabólicas, no tendrá acceso a la realidad local”. Para el vicepresidente de ATA, “las plataformas tienen que subirnos de una u otra manera”.

El documento de ATA propone que se mantengan las actuales reglas del must-carry y que se obligue a las operadoras de televisión satelital (DTH) para que incluyan en la grilla de canales a todas las estaciones de televisión del país, no sólo las ubicadas en AMBA. También hace en foco en la competencia desigual de las OTT’s en cuanto a lo tributario y en las cuotas de contenidos argentinos.

Por el Grupo América expuso Ángel Figueredo. Dijo que “la televisión de aire genera la tracción que lleva al abonado a suscribirse a un cable, ya que el 40 % de lo que ve la gente del cable es lo que producen los canales de aire”. Reclamó mayor precisión a la redacción del artículo 11 para que se establezca de manera taxativa que los cables deban pagar a los canales de aire por tener sus contenidos. Contrastó esto con la búsqueda de un canal público, como Canal 7, que tiene mayores recursos y que al tener, por ejemplo, “el monopolio de los partidos de la selección argentina para el próximo mundial, quizás pueda tener allí herramientas para recuperar costos”.

Ariel Fernández Alvarado fue el orador por CATEL. “Necesitamos el tiempo necesario para poder competir con los grandes operadores. Pedimos cinco años de plazo en lugar del tiempo original previsto para el primero de enero de 2019”. El miembro de CATEL subrayó que “los cooperativistas y pequeñas y medianas empresas somos el socio del Estado para poder llevar el mensaje a todas las localidades. Los grandes jugadores se van a dedicar al 30 por ciento del territorio donde está concentrado el 70 % de la población”.

 

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